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Este mes de abril es decisivo para los 27 Estados miembros de la UE. Sus ciudadanos llevamos casi un año oyendo hablar de la generosa lluvia de dinero europeo que curaría las heridas económicas abiertas por la pandemia. Ese momento se acerca, pero para que esa lluvia nos “moje” como es debido, antes del 30 de abril cada Estado debe entregar en Bruselas su plan de recuperación de la crisis del Covid-19. Y en este contexto se desarrolla la enésima polémica española.
La disputa está en si es o no oportuna la contrarreforma laboral que se propone la vicepresidenta Díaz, en cumplimiento del acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos para formar el actual gobierno de coalición. Se trata de derogar (o volver a reformar) los cambios en la legislación laboral aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 nada más llegar al poder en sustitución de Rodríguez-Zapatero. Algo que no gusta a los empresarios en general, que la vicepresidenta Calviño no considera “prioritario” y que podría llevar a la agencia de calificación de deuda soberana Standard & Poors a bajar la nota de España.
Los puntos de la contrarreforma Díaz que a priori despiertan más recelo en el empresariado se podrían resumir en estos:
- Dar prioridad a los convenios sectoriales frente a los de empresa.
- Una contrarreforma de alcance limitado, ya que muchas grandes empresas como las químicas y automovilísticas ya trabajan con el convenio de su sector.
- Recuperar la prórroga indefinida del convenio prescrito. Desde 2012, cuando vence un convenio pierde toda su vigencia, lo que obliga a negociarlo ex novo con la pérdida automática de los logros alcanzados en la negociación anterior por los trabajadores, según aducen los sindicatos.
- Dificultar el incumplimiento del convenio sectorial. Para evitar que una empresa orille ese convenio y pacte a la baja con sus trabajadores, como ha ocurrido en sectores frágiles: construcción, limpieza, seguridad, servicios…
- Reformar la subcontratación para proteger a los trabajadores de la empresa. Desincentivar la utilización de esta fórmula para que no se use sistemáticamente con el único fin de reducir costes creando un agravio comparativo a los trabajadores que ya están en la empresa.
- Subvenciones y bonificaciones en la contratación. Simplificando el sistema de incentivos y los requisitos exigidos a las empresas para crear empleo indefinido para facilitar la empleabilidad de colectivos específicos.
- Apoyo al desempleado. Con la idea de aplicar un seguimiento y una ayuda individualizada para cada desempleado, lo que se topa con un problema de falta de medios en la Administración.
Aspectos más delicados de la contrarreforma
Estas medidas, cuyo verdadero impacto habría que estudiar en su letra pequeña, no gustan a las patronales CEOE y Cepyme, como demostraron enviando a la mesa de diálogo del 30 de marzo a técnicos sin capacidad negociadora cuando parte de las ayudas europeas depende de las reformas laborales.
¿Pero qué piensa realmente Bruselas? Algunas voces aseguran que la “agenda Díaz” tampoco gusta allí porque se cree que esas medidas restarían flexibilidad a nuestro mercado laboral, pero la única declaración considerable que por el momento ha llegado desde Europa es bastante menos rotunda.
Lo que ha señalado Valdis Dombrovskis, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario Europeo de Comercio, es que la economía española “adolece de largas debilidades estructurales que la pandemia ha hecho aún más visibles” y que es importante que España haga bien su plan de Recuperación ya que será el segundo mayor receptor de los fondos de reconstrucción europeos.
Para Dombrovskis, el Ejecutivo español debe priorizar una reforma laboral “integral y ambiciosa” en su Plan de Recuperación, “que aborde seriamente la dualidad de su mercado laboral y los altísimos niveles de desempleo juvenil”. Según Dombrovskis, las políticas activas de nuestro mercado laboral “deben renovarse ya que su implementación no ha funcionado bien hasta ahora y serán cruciales para ayudar a los trabajadores y las empresas” en la transformación económica que se producirá cuando se apruebe definitivamente el fondo de reconstrucción.
Es un aspecto en el que coinciden Calviño, la CEOE y también Yolanda Díaz, que asegura contar con una base de acuerdo para reformular las políticas activas de empleo y que en este mes de abril tendrá un borrador de Ley de Empleo que acometa los cambios en esas políticas.
“Nos alegramos de que el Gobierno español comparta nuestra valoración de la situación. Ahora es necesario que se traduzca en hitos y objetivos concretos. La Comisión seguirá de cerca el resultado”, ha afirmado Dombrovskis, añadiendo que los intercambios entre las autoridades españolas y la Comisión han sido constructivos durante los últimos meses, por lo que espera que España pueda presentar su plan en las próximas semanas.
En conclusión, no parece que la sangre vaya llegar al río, que la contrarreforma Díaz sea tan peligrosa ni, sobre todo, que vaya a entorpecer la lluvia de fondos tan esperada por todos los actores del escenario económico.
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