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Con el rumor creciente de unas elecciones generales adelantadas en la próxima primavera ante la cada vez más inviable aprobación de los Presupuestos, al actual Gobierno le queda la opción de sacar adelante el mayor número posible de medidas propias para las que pueda encontrar apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados, presentándolas una a una. Es el momento de analizar las iniciativas que proporcionen al Ejecutivo una mayor repercusión social y gocen del mínimo consenso necesario que le permita anotarlas en su haber antes de la cita electoral.
En este sentido hay que interpretar la insistencia del presidente del Gobierno hace tan solo una semana en las medidas de su «agenda de cambio» que prevé convertir en realidad en los próximos meses.
Es un mensaje reiterado desde el 25 de Agosto, fecha de la reunión con todos sus ministros en la finca toledana de Quintos de Mora donde marcó su estrategia para «un país más justo y solidario, igualitario y feminista» con un proyecto que «aspira a trascender la presente legislatura con una potente agenda de cambio europeísta y sostenible».
El registro y control supervisado de horarios, una medida de permanente actualidad y cada vez más cerca
A aquella reunión el Ministerio de Trabajo acudió con los deberes hechos, ya que su «Plan Director por un trabajo digno (2018 / 2019 / 2020)», que llevaba un mes publicado en el BOE, incluía buena parte de esa «agenda de cambio».
Entre sus medidas operativas, se proponía «luchar contra los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas ni compensadas», y destacaba que según la EPA del segundo trimestre de 2018, «en España se realizaron 6.822.900 horas extraordinarias a la semana y que no fueron retribuidas 2.986.200 horas, es decir un 43,8 % del total».
Para el Plan Director, esta situación se ve «favorecida por una insuficiente o deficiente regulación de la normativa de aplicación a las mismas en cuanto a la obligatoriedad del registro de la jornada de trabajo, lo que dificulta el control de su realización… o en cuanto a las reducidas cuantías de las sanciones a imponer en casos de incumplimientos, que no son suficientemente disuasorias».
Entre otras cosas, el Plan anunciaba un «cambio de orientación en las campañas realizadas hasta ahora basadas en un cumplimiento voluntario de la legislación, impulsando la idea de que en el futuro se va a actuar decididamente sobre la contratación fraudulenta adoptando medidas sancionadoras y de todo tipo contra ella».
Entre las iniciativas en tramitación presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el Plan ya destacaba en el mes de Julio la Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador, y apostillaba: «debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción».
Puestos al habla con la diputada Rocío de Frutos que presentó dicha Proposición de Ley, nos manifiesta que ésta continúa en fase de alegaciones, pero la nueva coyuntura política parece aproximar cada vez más su aprobación, y el Plan Director sigue su camino con «planes de choque» de la Inspección en Baleares y Canarias, por ejemplo, que hacen hincapié en la temporalidad, la jornada parcial, el control de horas trabajadas y la lucha contra la economía sumergida.
La agenda de seguimiento del Plan Director tiene tres fechas decisivas (Enero/2019, Julio/2019 y Enero/2020) de las cuales tal vez las dos últimas no puedan cumplirse sin conocer el resultado electoral, pero la de Enero es segura.
Las reacciones del mundo empresarial
La intervención de Sánchez de hace una semana en el acto organizado por «Expansión» se centraba en tres puntos concretos: reducir a tres los tipos de contratos, recuperar la jubilación forzosa por edad y obligar a las empresas a establecer un registro obligatorio de las horas de trabajo supervisado por la Inspección de Trabajo.
La redoblada actividad de la Inspección y las distintas medidas del Plan no están siendo recibidas con igual ánimo por todos los empresarios. Por ejemplo, el presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) Francisco Martínez se ha congratulado de la labor de la Inspección en la campaña extraordinaria de refuerzo de la ITSS en Canarias 2018 (plan de choque) porque «lucha por aflorar el empleo sumergido existente que provoca competencia desleal entre los operadores del mercado». Hay que señalar que la Inspección de Trabajo hizo aflorar 341 empleos sumergidos en Lanzarote a lo largo de los nueve primeros meses de este año con un total de 1.617 actuaciones en materia de Seguridad Social.
En el otro lado de la balanza, el anuncio de Sánchez de que establecerá el registro horario trabajadores obligatorio de las horas de trabajo «para evitar abusos» ha provocado el rechazo del Director del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE Jordi García Viña, argumentando que tal medida debe acordarse mediante negociación colectiva en cada sector o empresa y en función de sus necesidades.
En todo caso, los reiterados avisos marcan un calendario muy interiorizado por un Ejecutivo cuyos plazos son cada vez más cortos.
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